Mariana Achugar, coordinadora del proyecto.
El jueves 25 de febrero de 2021 en la Sala Maggiolo de la Universidad de la República, un grupo de denunciantes de la causa por Violencia sexual durante la dictadura (1) tuvo una oportunidad para visibilizar internacionalmente cómo el Estado uruguayo omitió respuesta ante la demanda presentada en 2011 por 28 mujeres ex presas políticas (2). Las denunciantes junto a la UdelaR, a través de la Cátedra UNESCO de DDHH y Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), fueron co-peticionarias de la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) enfocada en el acceso a la verdad, justicia y reparación con perspectiva de género en Uruguay.
La audiencia, realizada dentro del período 179º de sesiones de la CIDH, se llevó a cabo virtualmente permitiendo que varias personas pudieran seguir el evento a través de las redes sociales. La CIDH estuvo presidida por primera vez por tres mujeres: Julissa Mantilla (Relatora para Uruguay), Antonia Urrejola (Relatora sobre Memoria, Verdad y Justicia) y Flávia Piovesan (Relatora sobre los Derechos LGBTI). Este nuevo marco de escucha permitió incorporar una perspectiva de género donde se reconoce la particularidad de las violaciones a los derechos humanos que sufrieron estas mujeres durante el terrorismo de Estado.
Las mujeres denunciantes han enfrentado numerosos obstáculos para acceder a la justicia en Uruguay. Tuvieron que transitar un largo proceso para poder realizar la denuncia, ya que comprender lo que había pasado y superar los prejuicios sociales relacionados con la violencia sexual requirió que realizaran un trabajo personal y colectivo para poder hacer la denuncia pública. Por su condición de mujeres, sufrieron manifestaciones particulares de la violencia del terrorismo de Estado, en sus cuerpos, psicológica y socialmente. Los crímenes de violencia sexual en dictadura castigan doblemente a las víctimas porque utilizan su condición de género para disciplinar su acción política, y al mismo tiempo naturalizan el abuso sexual como algo culturalmente aceptable.
Después de casi 10 años de la denuncia, el caso todavía está en pre-sumario. De los más de 100 acusados, solo han procesado a tres y ninguno ha recibido la caracterización del crimen como violencia sexual o tortura, el carácter de crimen ni siquiera es considerado de lesa humanidad. La falta de justicia se evidencia en la ausencia de perspectiva de género, la dilación excesiva y los pocos avances que ha tenido la causa. Han fallecido dos de las víctimas denunciantes. La responsabilidad del Estado en esta falta de justicia quedó de manifiesto durante la audiencia cuando los representantes del Estado anunciaron que al día siguiente iban a declarar dos de los acusados. El movimiento de la justicia ha sido en cada etapa del proceso resultado del esfuerzo y la evidencia presentada por las mujeres denunciantes.
Desde el proyecto Sujetas Sujetadas acompañamos el proceso de la audiencia y contribuimos a la presentación del caso mediante la realización de un video donde las denunciantes compartieron sus testimonios (https://youtu.be/GazZ0JKhmkg). Este trabajo audiovisual integró entrevistas realizadas en el marco del proyecto con otros documentos de archivo y materiales proporcionados por las denunciantes. En diálogo y colaboración con las mujeres denunciantes construimos un guion en el que se buscaba comunicar, en tan solo 5 minutos, lo que significa la vulneración de derechos contra la que han estado luchando en todos estos años. En el principio del video se denuncian los crímenes cometidos por militares y civiles que usaron la violencia sexual como forma de tortura. Luego se explica el proceso que permitió realizar la denuncia y la situación en la que está el caso en este momento. En esta sección del video se resalta la revictimización que han sufrido por parte de agentes de la justicia al recoger sus testimonios y ser llamadas a declarar varias veces, mientras que la mayoría de los acusados de perpetrar los crímenes no han sido convocados. Finalmente, se cierra con los motivos por los cuales es importante seguir defendiendo los derechos humanos de verdad, justicia y reparación.
Este video es el producto de un largo proceso de trabajo colectivo en el que participaron más de 20 estudiantes de la Facultad de Información y Comunicación (FIC), la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) y la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FHCE), junto con ex presas políticas y docentes. Para esta audiencia se produjo un video que integró partes de múltiples trabajos y contribuciones que fueron realizándose a lo largo del tiempo (entre 2019-2021) por las diferentes participantes. Para cumplir con los objetivos de las denunciantes en esta instancia se realizó un trabajo especial tejiendo diferentes fuentes de información y realizando múltiples versiones para hacer ajustes que incorporaron los comentarios de las denunciantes y las abogadas. También se consideraron los aspectos comunicacionales y estéticos con limitados recursos y tiempo.
Para quienes trabajamos en el proyecto esta instancia fue una oportunidad de colaborar con la lucha contra la impunidad y por la defensa de derechos humanos. Extender nuestra solidaridad a este grupo de mujeres luchadoras que denuncian en nombre de todas las que sufrieron violencia sexual en dictadura, permite construir espacios de aprendizaje-enseñanza con significado social. El trabajo y el esfuerzo se traducen en acciones concretas que transforman nuestra comunidad. En este caso el impacto del trabajo trasciende fronteras ya que el video permitió comunicarse con una audiencia que no conoce las particularidades de nuestro contexto, pero puede sentir empatía y comprender el significado de la denuncia a través del corto audiovisual.
La audiencia fue un éxito ya que la CIDH y los representantes de las Naciones Unidas expresaron su apoyo y reconocimiento a la situación de las mujeres víctimas de violencia sexual llevados a cabo en dictadura. Se exhortó al Estado uruguayo a priorizar los derechos de las víctimas y de la sociedad en relación a la verdad, la justicia y la reparación. Además, este evento muestra la importancia de la experiencia más allá del grupo directamente afectado porque para lxs jóvenes esta instancia evidencia que la lucha por la justicia tiene impacto.
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(1) Las mujeres peticionarias fueron: Beatriz Weismann, Silvia Sena, Antonia Yañez, Lucía Arzuaga, Beatriz Benzano, Brenda Sosa, Blanca Luz Menéndez, Ana Amorós, Gloria Telechea, Elena Medina, Jaqueline Gurruchaga, Anahir Aharonian Kharputlian, Margarita Lagos e Ivonne Klingler.
(2) Las 28 denunciantes en 2011 fueron: Alicia Cadenas, María Ferraro, Lucía Arzuaga, María Herminia Ferraro, María Alicia Chiesa, María Angélica Montes, Silvia Sena, Gloria Telechea, Antonia Yañez, Elena Medina, Ana Amorós, Brenda Sosa, Carmen Canoura, María Corina Iriondo, Beatriz Benzano, Beatriz Weismann, Blanca Luz Menéndez, Graciela Nario, Gianella Peroni, Mirta Macedo, Ivonne Klingler, Jacqueline Gurruchaga, Edin Artigas, Anahit Aharonian, Rosario del Río, Alicia Blanco, Margarita Lagos y Ana María Espinoza.